REFORMA TRIBUTARIA Y PRESUPUESTO 2026 EN COLOMBIA
Introducción: Por qué se plantea la reforma
Durante 2025, Colombia ha enfrentado un panorama económico complejo marcado por la desaceleración del crecimiento, mayores presiones inflacionarias y un nivel de endeudamiento que ha incrementado los costos de financiamiento del Estado. A esto se suma la necesidad de atender compromisos en educación, salud, infraestructura y programas sociales que requieren fuentes de recursos sostenibles. Frente a este escenario, el Gobierno Nacional presentó al Congreso un proyecto de reforma tributaria acompañado de un ajuste al Presupuesto General de la Nación 2026. La meta es fortalecer la sostenibilidad fiscal, preservar la confianza de los mercados y al mismo tiempo, garantizar que los recursos públicos se destinen de manera eficiente a los sectores prioritarios.
El contexto internacional también incide: tasas de interés globales relativamente altas, volatilidad en los precios de materias primas y cambios en las cadenas de suministro han presionado los balances fiscales de muchas economías emergentes. Colombia, como parte de esta dinámica, debe implementar medidas que aseguren la estabilidad de sus finanzas sin afectar de forma desproporcionada el crecimiento ni la inversión privada.
Cómo se estructura la reforma
La propuesta gubernamental busca recaudar aproximadamente 26,3 billones de pesos a través de distintas herramientas:
Impuesto a la renta: ajuste en tarifas para empresas y personas naturales con mayores ingresos, introducción de deducciones vinculadas a proyectos de innovación, tecnología, energías renovables y agroindustria, con el fin de promover sectores estratégicos.
IVA: revisión del esquema de exenciones y exclusiones, con la finalidad de simplificar el sistema, ampliar la base y reducir distorsiones.
Tributos verdes: fortalecimiento de impuestos al carbono y creación de gravámenes a productos con alta huella ambiental, en línea con los compromisos de sostenibilidad.
Administración tributaria: modernización de la DIAN mediante inversiones en tecnología y talento humano, con el objetivo de cerrar brechas de evasión y elusión.
En paralelo, el Presupuesto General de la Nación 2026, inicialmente proyectado en 557 billones de pesos, fue reducido en 10 billones, priorizando programas de impacto social y productivo. La reasignación de recursos busca concentrar el gasto en educación, salud, infraestructura y proyectos de transición energética, al tiempo que se racionalizan subsidios y se optimiza el gasto administrativo.
Cuándo y qué impacto tendría
El debate legislativo inició en septiembre de 2025, con el propósito de que tanto la reforma como el presupuesto sean aprobados antes del cierre del año fiscal, de modo que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Se prevé que los resultados se vean progresivamente desde el primer trimestre del próximo año.
Los impactos esperados incluyen:
Para empresas: aunque podrían enfrentar un incremento en su carga fiscal, contarán con beneficios dirigidos a quienes apuesten por la sostenibilidad, la digitalización y la creación de empleo formal.
Para ciudadanos: se anticipan ajustes en tarifas y deducciones, además de un control más riguroso de la evasión, lo que busca promover la equidad y la progresividad del sistema.
Para la economía: si se alcanza consenso político y la implementación es eficiente, la medida fortalecerá la estabilidad macroeconómica, mejorará la calificación de riesgo y facilitará el acceso a financiamiento. Sin embargo, si la reforma se percibe como excesiva o genera incertidumbre, podría ralentizar la inversión y el consumo.
Conclusión
La combinación de reforma tributaria y ajustes presupuestales representa un paso clave para equilibrar las finanzas públicas y respaldar un crecimiento sostenible e inclusivo. Empresas y contribuyentes deben anticiparse, evaluando sus estrategias contables y presupuestales, revisando los incentivos disponibles y adaptando sus planes financieros a las nuevas disposiciones que, de ser aprobadas, regirán a partir de 2026. Mantenerse informados y participar activamente en el debate público ayudará a que las decisiones finales promuevan la estabilidad fiscal sin frenar el desarrollo económico del país
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