LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE ESTABLECIÓ UN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE) PARA SUS SUJETOS VIGILADOS
¿Recuerda que en el mes de marzo de 2025 la Superintendencia de Transporte modificó el tradicional SIPLAFT por un nuevo y más robusto SARLAFT? Ahora es turno de que sus sujetos vigilados implementen el PTEE.
El pasado 18 de septiembre de 2025, la Superintendencia de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, expidió la Resolución 14673, con el fin de reforzar la lucha contra la corrupción y promover una cultura empresarial ética y transparente en el sector transporte. Algo muy similar a lo que se vive desde el año 2021 con la Superintendencia de Sociedades a través del PTEE establecido en el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de esta entidad o el PTEP contemplado en el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.
La normativa establece la obligación para las personas jurídicas sujetas a inspección, vigilancia y control de adoptar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2195 de 2022.
El PTEE de la Superintendencia de Transporte regula aspectos como la identificación y mitigación de riesgos de corrupción y soborno transnacional, la creación de políticas de no tolerancia a la corrupción, la adopción de manuales de procedimientos, códigos de ética y buen gobierno, así como la obligación de establecer canales de denuncia seguros y efectivos. También contempla programas de acompañamiento para Pymes y Mipymes, a fin de facilitar la implementación de los PTEE sin que se presenten dificultades en el Desarrollo diario de su operación
De acuerdo con la Resolución, las empresas tendrán un plazo de ocho meses a partir de la expedición del acto para implementar los lineamientos establecidos. En efecto, este plazo va hasta el mes de mayo de 2026. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte.
Con esta medida, la entidad reafirma su compromiso de fortalecer la integridad, la confianza ciudadana y la prevención de riesgos de corrupción en el sector transporte, los cuales, al igual que sucede con los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, son considerable y es necesario mitigarlos a través del establecimiento de políticas y procedimientos,
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